No podemos seguir tolerando muerte y represión a costa de salvar el culo de cuatro hijos de puta. No podemos seguir callando y cayendo en las redes de un sistema que extorsiona, destruye y mata. Por Patricia y por absolutamente todxs los que han sido víctimas del monstruo capitalista y del poder ciego que nos gobierna. Porque mañana podría ser yo, o tú.
A veces, las historias de ficción se entremezclan con la realidad, dando lugar a grotescos resultados. Es el caso de Patricia Heras, una de las cinco personas encarceladas por el “caso 4-F”, que remite a los hechos acontecidos en la casa okupa de Sant Pere Més Baix (Barcelona), la madrugada del 4 de febrero de 2006. Esa noche resultó gravemente herido un agente de policía local, que quedó tetrapléjico por el traumatismo craneoencefálico que le provocó el impacto de un objeto.
Patricia Heras defendió desde el primer momento su inocencia, pues nunca estuvo en el lugar de los hechos. Ella pasó la noche entre bares con unos amigos, y se encontró con Alfredo, otro de los detenidos, en una fiesta privada en una casa de la calle Montcada. Cuando regresaban a casa sobre las siete de la mañana, un poco ebrios y en bicicleta, el vehículo se tambaleó cerca de los juzgados y cayeron al suelo, siendo ésta la causa de múltiples contusiones y brechas en la cabeza. Unos chicos que pasaban por allí llamaron a una ambulancia y se marcharon. Ya en el hospital del Mar, Alfredo entró a que le cosieran la brecha que tenía en una ceja y Patricia permaneció en la sala de espera. Fue entonces cuando vio a unos policías que cacheaban a tres chicos con pintaspunkies, y no pudo imaginar de ninguna manera que la próxima en ser cacheada sería ella. De pronto, uno de los urbanos le obligó a sacar todo lo que llevaba en sus bolsillos y automáticamente fue acusada de homicidio.
A partir de aquí comienzan cuatro horas de horror para Patricia, metida en un furgón policial sin saber a dónde la conducen, dónde está Alfredo ni de qué la están acusando. Finalmente son llevados, junto con los otros tres chicos del hospital, a la comisaría de la Rambla. Allí son encerrados en celdas, tiran sus pertenencias a la basura y entre gritos y golpes les obligan a firmar algunos documentos que no son capaces de leer. Más tarde los conducen a la comisaría de Sants, donde por supuesto tampoco pueden defender su situación ni nadie les explicará por qué están allí. Durante su estancia en el calabozo sufrirán diversas vejaciones y malos tratos: a Patricia le baja la menstruación y nadie se digna a prestarle una mísera compresa.
Pasan la noche entre rejas y por fin llegan los abogados de oficio. Patricia le explica al suyo el accidente de bici y el secuestro en el hospital, con la esperanza ilusa de que sirva de algo. Por fin el padre de una de sus compañeras de celda, también encerradas por asistir a la fiesta okupa y no correr lo suficiente, les trae productos de higiene femenina, que acaban racionando losmossos.
Ya el lunes por la mañana son conducidos a los juzgados de Arc del Triomf para declarar. Patricia explica su situación, declarándose inocente de todos los hechos imputados, pero la jueza le llama “desarraigada” y no se cree ni una sola palabra. Por fin los sacan de las celdas para que recojan sus cosas y quedan en libertad con cargos hasta que se celebre el juicio.
Patricia y Alfredo fueron juzgados en el 2008, y condenados a más de tres años de prisión por lesiones menores a un agente de la Guardia Urbana, a pesar de la falta de pruebas y los múltiples recursos interpuestos al Tribunal Supremo. Es finalmente, en octubre de 2010, cuando ingresan a Patricia en la prisión de mujeres de Wad Ras, para más tarde, en enero de 2011 permitirle el régimen de Tercer Grado Abierto, la obligación de pernoctar en la cárcel entre semana y con libertad el resto del día y el fin de semana. La tarde del 26 de abril y poniendo fin a cinco años de locura, Patricia se lanza desde la ventana de su casa. Acusada de un crimen sin pruebas, humillada, amenazada y privada de su libertad por el simple hecho de estar en un mal lugar y en un mal momento, y por seguir una estética que no gustó a los urbanos que la detuvieron.
Días después de la muerte de Patricia se supo que la única prueba existente que la hacía culpable de los hechos era la declaración de un policía que la acusa de haber lanzado la valla.
Dos días después del suicidio de Patricia, más de 500 personas se manifestaban en Barcelona, mientras Mariana Huidobro, la madre de otro de los acusados, Rodrigo Lanza, leía un comunicado contra el Ayuntamiento de Barcelona. A la vez, tanto en Zaragoza como en Madrid se manifestaban por la causa, y la Asociación de Vecinos y Vecinas del Casc Antic y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) enviaban comunicados de indignación y pésame.
Y con muchos motivos, pues más allá del suicidio de Patricia, otras tres personas (Rodrigo, Álex y Juan) cumplían condenas por delitos no cometidos, y fueron en total nueve personas las que acusaron injustamente por el incidente de la casa okupa.
Mientras el policía local que sufrió el accidente, Juan José Salas, recibía la bendición del Papa Benedicto XVI en su última visita a Barcelona, los acusados del caso 4F siguen pagando por un crimen sin pruebas, con su vida o con su muerte. En palabras de Patricia:
La pena por un atentado contra la autoridad para alguien que no tiene antecedentes penales es como máximo de dos años, pero nos encontramos inmersos en un juicio político y mediático en el que se nos escogió al azar como cabezas de turco para castigar no sólo una serie de desafortunados altercados ocurridos en la vía pública el 4 de febrero de 2006, sino también a todo un movimiento que el Gobierno Catalán pretende frenar a toda costa.
Toda esta historia queda en el recuerdo de los conocidos de Patricia y de los otros acusados injustamente, y también puede leerse en palabras de Patricia en su blog:
http://poetadifunta.blogspot.com/2009/01/4-f-sucesos-para-normales.html
Es difícil pretender hacer una crónica de los sucesos que tuvieron lugar el cuatro de febrero del 2006 sin incurrir en posibles partidismos y ser lo más imparcial posible. Pero haciendo un esfuerzo por evitar la parcialidad y analizando los hechos, concluimos que se debieron suceder como aquí explicamos. De este modo nos adentrarnos un poco más en la vida de los otros afectados.
En febrero del 2006 se celebraba en un piso de la calle Sant Pere Més Baix, de Barcelona, un fiesta de miles de personas en una casa okupa. Varios agentes de la Guardia Urbana –cuatro– vigilaban la fiesta ilegal desde la calle. Cuando, tres jóvenes de no más de veinte años, se cruzaron en su camino. Justo en ese fatídico momento uno de los policías acababa de sufrir un fuerte impacto y había caído gravemente herido al suelo. Juan José Sala, el ya nombrado agente, superaría un coma que afectaría a su cerebro y lo dejaría en estado vegetativo. Estos tres jóvenes, de origen latinoamericano, se identificaron como Rodrigo Lanza, Álex Cisternas y Juan Pintos. Los dos primeros de origen chileno, y el último nacido en Argentina pero con nacionalidad europea. Fueron inmediatamente detenidos y llevados a comisaría donde les tomarían declaración. Allí fueron examinados por un médico que determinó que deberían recibir tratamiento hospitalario. Después fueron trasladados a prisión, donde estarían durante casi dos años hasta que se celebrara el juicio. El 4 de febrero de 2006 también fueron detenidos otros seis jóvenes, todos de nacionalidad europea, a quienes dejaron inmediatamente en libertad con cargos y pendientes de ese juicio que se habría de celebrar en 2008, exceptuando a Patricia Heras y a su amigo.
El juicio se celebró en cinco sesiones, del 7 al 11 de enero de 2008. Declararon los nueve acusados (los tres chicos y los otros seis de nacionalidad europea), los primeros en atender a los muchachos del servicio de sanidad, 11 guardias urbanos y 6 Mossos d’Esquadra, los testigos aportados por la defensa, los peritos forenses, dos forenses de la fiscalía y cuatro de la defensa.
La declaración de los acusadores (la Guardia Urbana) fue la siguiente: el agente Juan José Sala cayó al suelo de espalda, se golpeó el cuello y el impacto le causó una fractura en el cráneo. La caída, presuntamente, fue motivada por el lanzamiento de una piedra, hecho atribuido a Rodrigo Lanza. A los otros dos chicos se les considera coautores de la lesión. De Cisternas dicen que tiró otra piedra al agente cuando estaba en el suelo y de Pintos que animaba a los atacantes. Los otros seis muchachos fueron acusados por delitos menores, ya que, según afirman los acusadores, atacaron con piedras a otros agentes. Después de esos dos años y en las diferentes sesiones del juicio, se ha podido comprobar que, pese a que coinciden las declaraciones, hay muchos detalles que se contradicen y varían según quién lo narra.
Los acusados declararon lo siguiente: el cuatro de febrero de 2006, de madrugada, volvían juntos los tres jóvenes de pasar la noche con unos amigos, cuando se aproximaron a la calle donde el altercado tenía lugar. Lanza se acercó a un agente para preguntar si podía cruzar la calle para tomar el metro. En ese mismo momento, un segundo agente le golpeó en la cabeza y en las costillas. Los agentes cargaron contra el grupo congregado. Lanza intentó escapar pero cayó al suelo y es fue entonces cuando lo esposaron. Declararon también una serie de escenas de violencia verbal y física desde ese momento hasta que fueron encarcelados definitivamente. Esa impactante declaración la podemos leer en la carta de Amnistía Internacional.
Las declaraciones de todos los acusados coincidieron siempre, desde el primer momento, y los tres permanecieron en total aislamiento durante los dos años.
Alegaron pues que los utilizaron de cabeza de turco, que el golpe sufrido por el agente lo provocó una maceta que cayó desde el balcón de la casa, que se les culpó de unos delitos que no habían cometido, que seguramente eso fue propiciado por su condición de sudamericanos y, además, de sufrir brutalidad policial y de ser torturados y amenazados por los agentes.
Finalmente se sentenció: cuatro años y medio de prisión para Rodrigo y tres años y tres meses a los otros dos jóvenes, además de una indemnización millonaria.
Álex y Juan fueron puestos en libertad condicional el 15 de enero de 2008, por haber cumplido ya más de la mitad de la pena estando en provisional. El 1 de febrero del mismo año le dieron la condicional a Rodrigo. Sin embargo, hasta el día de hoy, Rodrigo se ve obligado a pernoctar en la cárcel y puede salir tan sólo once horas diarias (de lunes a viernes) que dedica a trabajar, sin vistas de que esto pueda solucionarse en un breve plazo de tiempo.
Hay diferentes puntos que hacen aguas y que no coinciden o que pueden recriminarse a la parte acusadora. Primeramente, referente a la declaración de tortura y abuso –que los policías niegan rotundamente–, hay que decir que, dos de los policías involucrados en el incidente, en otro juicio ajeno al caso, mintieron y fueron acusados de tortura, teniendo que pagar con la condena.
Un aspecto a destacar es que, pese a que la versión oficial de los hechos que defendía los acusadores ha cambiado ostensiblemente a lo largo del tiempo, el entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos, comunicó el día siguiente del altercado que el agente había recibido el impacto de un tiesto lanzado desde uno de los balcones de la casa y, a pesar de ello, todos los detenidos y procesados estaban en la calle en el momento de los hechos.
También se dice que la policía ha evitado buscar pruebas –no habiendo entrado, por ejemplo, a la casa okupa– y que más bien se ha empeñado en borrarlas.
Los peritos forenses comprobaron que realmente el golpe que le provocó la caída no fue causado por el lanzamiento de una piedra sino más bien por un objeto que hubiera caído desde cierta altura.
Otras irregularidades que se cometieron durante el juicio fue que a los testigos de la parte acusadora se les permitió en todo momento hablar entre ellos, sin hacer distinción entre los que ya habían declarado y los que no.
Un aspecto a tener en cuenta también es el marcado racismo que presentaron los policías, como alegaron los acusados y los testigos que iban de parte de éstos. Los policías profirieron repetidas veces insultos xenófobos hacia los tres jóvenes.
La familia de los acusados afirma que hubo un claro partidismo por parte de los jueces que se vio reflejado en la sentencia y en la impunidad de los policías pese a presentar numerosas irregularidades.
Las irregularidades, como ya hemos expuesto, fueron aumentando hasta la sentencia definitiva: ausencia de pruebas, primacía de una versión policial no demostrada, menosprecio de la declaración de los peritos y forenses y de la denuncia de Amnistía Internacional por malos tratos.
Indiscutiblemente, uno de los motivos principales de la irregular acusación hacia Patricia Heras y de los tres jóvenes, radica en algo puramente externo, físico, racial, ideológico.
¿Por qué puede ser acusada una persona de cometer un delito cuando ésta no estaba en el lugar donde los hechos se sucedieron y no hay pruebas fehacientes de que estuviera allí? ¿Por qué acusaron a Patricia y no a otros de los pacientes que aquella noche habían ido de urgencia al hospital? Quizá suene precipitado pero lo más sencillo de apreciar es que la acusación fue motivada por el aspecto de Patricia, que puede identificarse como el aspecto de alguien que prefiere partidos políticos de izquierdas, progresistas, afín tal vez al movimiento okupa.
Quizá los agentes precipitaron la acusación dejándose llevar por unas percepciones personales y unos prejuicios exacerbados sin tener nada palpable que la implicara en el caso verdaderamente.
Es también destacable el trato desfavorable que sufrieron los otros tres jóvenes. En sus declaraciones, como además recoge la carta de Amnistía Internacional, se nombra numerosas veces que los agentes se mofaron y los insultaron en repetidas ocasiones utilizando el pretexto de que eran extranjeros. Por ello también los denigraron, e hicieron uso de la violencia, movidos por la rabia y el rencor, alegando que si el agente moría sería culpa de ellos, que además eran sudamericanos.
El físico, el exterior, la cara que presentamos a los demás, es lo que primero impacta cuando eres para alguien un total desconocido. Tampoco parece estar tan mal que esto sea así, pues muchas veces nos esforzamos por que nuestro físico refleje lo que somos interiormente. De hecho, unos amigos de Patricia la describían de la siguiente manera: “Queremos expresar que Patricia era una mujer transfeminista y gótica, siniestra, romántica, madrileña de impura cepa, involucrada en la movida postporno y queer de Barcelona.” (Comunicado desde cerca de Patricia Heras, 6 de mayo de 2011, entrada en el blog de Patricia).
Hablamos también no sólo de aspecto, sino de una actitud xenófoba. Dentro de lo que, a nuestro parecer, es injusto, prejuzgar por la indumentaria que alguien lleva tiene quizá una base más “sólida” que hacerlo simplemente por el origen de una persona. ¿Es que aún en este siglo tenemos miedo de que el que viene de fuera nos quite lo que, supuestamente, es nuestro? ¿Es por eso que hay es más fácil incriminar a los extranjeros de algo que seguramente no han hecho y utilizarlos de cabeza de turco?
Pero el asunto es más complejo. ¿Resulta ético que alguien pueda ser juzgado –prejuzgado– y acusado, tan solo por el físico, la apariencia o la etnia? ¿Es una prueba que determine la culpabilidad de alguien el que se la pueda relacionar con un grupo determinado de personas que realizan unas determinadas actividades?
Estamos llegando a un punto donde realmente da igual lo justo, donde la justicia que exigen, por ejemplo los agentes, la parte acusadora, no es más que un pretexto para desatar su ira, para saciar la sed de venganza, para pagar con sangre la sangre.
Y dicen eso de que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno.
Pero lo vemos cada día y cada vez con más frecuencia. Cabe plantearse qué es lo que significa en este país el sistema penitenciario, si realmente cumple con su función de castigar, excluyendo temporalmente a los culpables de un delito de la sociedad, para luego reinsertarlos en ella y evitar que vuelva a producirse el acto ilegal que la perturba, o si simplemente es la celda donde encerramos todo lo que no nos gusta, lo que difiere de nuestra opinión, lo que se sale de la norma, lo que nos da rabia. Un contenedor de basura enorme donde lanzamos la empatía, la humanidad y la ética.
¿Cómo es posible que algo degrade tanto y se transmute su función de una manera tan palpable pero encubierta como esta? ¿De qué nos sirve un sistema que pretende regular el cumplimiento de las leyes cuando es este sistema el primero que las incumple?
Hay condenas que obligan a pájaros de hierro a cantar entre barrotes de papel.
Noticias como la del 4F nos hacen plantearnos hasta qué punto es posible ser libre dentro de un sistema como el que tenemos. El trabajo, la escuela, el mercado… en definitiva, las instituciones nos atan y nos usan a su antojo, pero incluso cuando ideológicamente no somos partícipes de la sociedad en la que estamos inmersos, podemos ser utilizados como cabezas de turco para rellenar los huecos oscuros por los que podría resquebrajarse el sistema. Si cualquier indicio de desapego a la autoridad o a las normas impuestas, incluso a la estética impuesta, es tratado de esta forma, ¿alguien puede creer aún que vivimos en una democracia real?
Un caso claro y actual de la manera que tiene nuestro Estado de protegernos de las mentes libres o emancipadas es el movimiento 15M y las cargas policiales que han sido efectuadas a sus participantes en las diferentes acampadas o manifestaciones sin más excusa que la de proteger a los peatones o limpiar una plaza. ¿Cómo un estado democrático puede dejar impunes a antidisturbios que han lesionado a manifestantes que pacíficamente reclamaban cambios políticos en su país, cuando existe el derecho a manifestarse? ¿Cómo es posible que no se abran expedientes a esos policías, cuando existen pruebas de sus delitos, y sí condenen a años de prisión a jóvenes inocentes sin ningún tipo de prueba?
Existen vídeos y fotografías que prueban que los incidentes del 15 de julio en el Parlament fueron provocados, en parte, por policías secretas que incitaban a los demás manifestantes a propasarse con los políticos que entraban en el edificio. Aún así, hubo manifestantes detenidos, pero ninguna declaración oficial sobre los secretas ni ningún tipo de disculpa.
Sin embargo, el caso más sonado fue el del 27 de mayo de 2011. Los antidisturbios irrumpieron en Plaça Catalunya antes de que los manifestantes que allí dormían se levantaran, para empezar a cargar contra ellos alegando que la plaza estaba en condiciones antihigiénicas y debía ser limpiada antes del partido de la Champions que se celebraría al día siguiente, para evitar conflictos entre indignados y futboleros. Hubo más de 120 heridos y los antidisturbios usaron tanto porras y pelotas de tenis como botes de humo y pimienta para deshacerse de los indignados. Nunca fueron juzgados por ello ni pidieron disculpas, tan sólo prometieron una reorganización policial para evitar que en futuras maniobras los policías pudieran sobrepasarse de nuevo. Se llevaron todas las estructuras que formaban el campamento, así como ordenadores, material de propaganda, mantas o comida.
Si alegaban que la plaza estaba sucia, debería salir también en las noticias cómo ha quedado después de quitar la pista de hielo que la ocupaba este último mes, sin que ningún servicio de limpieza apareciera por allí.
En definitiva, ¿qué podemos esperar de un gobierno que nos utiliza, nos reprime, nos humilla y nos maltrata? La venda sigue en los ojos de todos los españoles que aún creen que los que nos manifestamos, nos indignamos y colaboramos en intentar crear un mundo mejor somos pocos y violentos. El colectivo de indignados está formado por muchos jóvenes pacíficos, tanto estudiantes y trabajadores como gente en paro, pero también está repleto de hombres y mujeres mayores, entre ellos políticos, intelectuales, filósofos, médicos, profesores, abogados o escritores. Es un movimiento donde cabemos todos, porque cree en una sociedad hecha por y para todos, y eso es lo que molesta a los que ya tienen el poder y no quieren cambiar las reglas. El mundo ha pasado a manos del monstruo del mercado, las multinacionales tienen el poder de lo que ocurre en nuestro día a día y parece que no podamos hacer nada, pero una brecha de luz se abre ante nosotros: la unión.
No podemos permitir que casos de abuso de poder como el de Patricia o los indignados sigan ocurriendo, pues es dejar que los políticos que supuestamente hemos querido que nos gobiernen, acaben por eliminarnos por simplemente quejarnos de las diferencias entre lo que prometían y lo que realmente han hecho.
Nos queda la esperanza de unir nuestras voces: abrir los ojos de las masas que aún duermen y salir a la calle para reivindicar que nos pertenece a todos el derecho de construir el mundo que queremos dejar a nuestros hijos. Sin olvidar nunca las personas que han quedado atrás por luchar contra un sistema rabioso y represor, que queramos o no nos utiliza a su antojo.
Porque no hay que olvidar que cualquiera de nosotros puede ser la próxima víctima de los que supuestamente nos protegen. ¡No podemos seguir permitiendo más presos de conciencia, ni heridos por la libertad, ni muertos por la represión!
